Este es tiempo de reformas y de recortes, los está habiendo en Educación, en Sanidad y en casi todos los sectores.
Los recortes en Educación y en Sanidad han tenido un gran calado en nuestra sociedad y se ha respondido con diferentes mareas que reivindican, con toda razón, que Educación y Sanidad debieran ser intocables y que se está desmantelando nuestro estado de bienestar social, que con tanto esfuerzo habíamos conseguido juntos. (Educación y Sanidad los escribo con mayúsculas, porque así lo merecen)
Soy abogada y además estoy adscrita al turno de oficio, la gran mayoría de los abogados que estamos en este servicio al ciudadano, el del turno de oficio, lo hacemos de forma vocacional, pero tengo la impresión, que lo que desconoce la mayor parte de la ciudadanía es que los abogados de oficio cobramos poco y mal y en la mayor parte de las ocasiones con mucho retraso por parte de la administración, que es quien tiene el deber constitucional de prestar este servicio a todos los ciudadanos que carecen de recursos económicos para litigar. La administración elude todo lo que puede la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita al ciudadano, que es su deber, haciendo recaer el gran peso de esta prestación sobre los colegios de abogados y sobre todo en los abogados de oficio, que lo desarrollamos por un precio por debajo de su coste real, es decir, no cobramos por nuestro trabajo lo que nos corresponde. Y a pesar de ello aquí llevamos desde hace mucho tiempo asistiendo a los ciudadanos que nos necesitan ante los juzgados, las 24 horas del día los 365 días del año. Y ello, porque insisto es una trabajo vocacional. Si no fuese porque nos mueve el servicio a las personas, dudo que soportásemos el trato indigno que estamos recibiendo por parte de la administración.
Tengo la sensación, no sé si equivocada, que los recortes en Justicia, que cada día son mayores y más flagrantes no son percibidos de forma tan directa por la sociedad, como los recortes en Sanidad y en Educación (También Justicia merece ser escrito como Sanidad y Educación en mayúsculas)
El otro día comentaba con un compañero, también abogado de oficio, que quizás el motivo por el que los recortes en Justicia no llegan de forma tan directa a la ciudadanía es porque se suele pensar de forma errónea, que nunca tendremos que vernos en un juzgado. Y sin embargo, todo el mundo tiene algún familiar, hijo, nieto, sobrino que va al colegio, lo cual hace más visible los recortes en Educación. También todas las personas hacemos uso con frecuencia de los servicios sanitarios lo que también hace más visibles los recortes en Sanidad.
Sin embargo, está extendida la idea, como acabo de comentar, de que no es muy habitual que tengamos la necesidad de acudir a un juzgado o tengamos que defender nuestros derechos asistidos por un abogado. Esta percepción es irreal, y para explicarlo, aquí van algunos ejemplos; cualquiera de nosotros podemos tener una cláusula suelo en nuestra hipoteca o haber adquirido sin saberlo unas preferentes o tener que pasar por un divorcio o ser despedido de forma improcedente o tener que reclamar salarios o ser desahuciado de nuestra vivienda o tener que reclamar la renta del arrendamiento que no nos abona un inquilino o un accidente de tráfico por el que tenemos que reclamar una indemnización al conductor de otro vehículo o a su compañía aseguradora o una deficiente reparación en nuestro domicilio o en las obras de nuestra comunidad por las que también nos vemos en la necesidad de reclamar o un impagado en nuestro negocio o tramitar y liquidar una herencia… En fin, que podría seguir con múltiples supuestos en los que cualquier persona tiene la necesidad de acudir a un abogado y acercarse a un juzgado para reclamar sus derechos.
Lo que tampoco es tan visible para la mayor parte de la ciudadanía o al menos así lo percibo es que se está produciendo toda una batería de legislación encaminada a recortar derechos fundamentales y a recortar en Justicia y que estos recortes impiden a los ciudadanos el acceso a la misma, lo cual vulnera un derecho fundamental de nuestra constitución, el acceso a la tutela judicial efectiva. El motivo de la presente entrada en mi blog, por lo tanto, es divulgar a quién tenga interés en saberlo lo que nos afectan a todos los recortes en Justicia.
No puedo dejar de mencionar, entre los recortes a los que me estoy refiriendo, en primer lugar la Ley de tasas judiciales que impone al ciudadano una tasa para reclamar sus derechos ante el Juzgado, de una cuantía elevadísima, extremo que no sucede en ningún otro país de nuestro entorno. Pongo un ejemplo concreto; 800 euros de tasa fija por un recurso de apelación, más una cuantía adicional en función de la cantidad que se está reclamando en el juicio en cuestión, además de los gastos de abogado, procurador y pruebas pertinentes en su caso. Esta tasa encarece injustamente el acceso a los tribunales, así muchas personas ven frustrada la posibilidad de demandar por su cláusula suelo o por sus preferentes o se ven imposibilitados por falta de recursos a interponer cualquiera de las reclamaciones a las que me acabo de referir, deberíamos preguntarnos quién está interesado en que no podamos reclamar nuestros derechos y acceder a la Justicia.
Tampoco puedo dejar de comentar la pretendida reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, con esta reforma serán menos personas y en peores condiciones las que puedan acceder a un abogado de oficio y a que este servicio les sea prestado de forma gratuita, si carecen de recursos económicos para litigar, lo cual supone otro recorte más de derechos y un deber incumplido por parte de la administración, que vulnera el mandato constitucional.
También con otra reforma en la misma línea que las anteriores se pretende desmantelar toda la organización de nuestra planta judicial haciendo desaparecer los juzgados de pueblos y ciudades concentrándolos exclusivamente en las capitales de provincia, lo que supondrá un impedimento más para acceder a la justicia, puesto que al desaparecer muchos juzgados de ciudades y pueblos, la justicia se aleja del ciudadano.
En definitiva, se está desmantelando nuestro estado social y lo que es más grave se está desmantelando nuestro estado social y democrático de derecho. Con los recortes en Justicia y el desmantelamiento de nuestro estado de derecho nos quitan todo, nos quitan los derechos, nos quitan la libertad, pretenden acallarnos la voz y así, pretenden quitarnos la dignidad como personas.
Toda la ciudadanía tenemos que reaccionar contra los recortes en Justicia, que de forma un tanto velada para muchos, pero ininterrumpida, se están acometiendo desde hace un tiempo. No lo permitamos. No a los recortes en Sanidad. No a los recortes en Educación. No a los recortes en Justicia.
La mayoría de los abogados no pertenecemos a una élite que gana mucho dinero, nos vemos afectados por la crisis como cualquier ciudadano, como cualquier trabajador, desempleado, pensionista...
La mayoría de nosotros somos abogados de trinchera que defendemos los derechos de los que más lo necesitan. Tengan bien claro que a quien no afectan los recortes en Justicia, como siempre, es a los poderosos, pero a vds., a mí, a todos nosotros sí que nos afectan.
No nos quedemos impasibles ante tanto abuso, que fundamentalmente proviene del poder económico, que interviene y manipula a su antojo al resto de poderes, legislativo, judicial y ejecutivo.
Actuemos juntos y luchemos por nuestros derechos, por nuestras libertades, para que se preste al ciudadano una justicia de calidad. En este momento, esto es inviable, porque con tanto recorte, la Justicia resulta totalmente ineficaz, la falta de medios y de personal, por la dejación de los poderes públicos que no le dedican los presupuestos económicos que requiere hacen que la justicia sea lenta y todos salgamos perjudicados, porque no es efectiva.
Una Justicia que carece de medios y se dilata en el tiempo no es eficaz y no es Justicia. Por poner otro ejemplo en muchos juzgados de lo social están tardando más de un año en señalar juicios por despido o por reclamaciones de salarios, lo mismo ocurre en muchos juzgados de familia dónde tardan más tiempo del recomendable en fijar unas medidas de divorcio (régimen de visitas, guardia y custodia, pensiones…) con el alto coste económico y emocional que esto supone para la familia que está atravesando la complicada situación de la ruptura matrimonial.
De una abogada de oficio, porque la justicia es de todos y todos tenemos que defenderla, no sólo los que directamente trabajamos por y para ella y en definitiva para vds. Sin Justicia no hay derechos. Sin derechos no hay libertad.
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